EDITORIAL DE EL UNIVERSAL: EL CONTROL CIUDADANO EN LA PRACTICA

(Publicado el 10 de febrero de 2013)

El control social a la gestión pública es un derecho consagrado por la Constitución Política de 1991 y sin dudas es una herramienta importante para concretar la participación del ciudadano en las decisiones que lo afectan directamente y transformar la cultura y los métodos de acción política.

El 9 de abril de 2011, la Fundación Cívica Pro Cartagena puso en marcha un programa llamado “Vigías del Buen Gobierno”, destinado a impulsar y materializar prácticas de control a la gestión pública, empezando por capacitaciones a los líderes comunitarios y los habitantes inquietos de la Localidad 2, cuya meta era enseñarlos a exigir transparencia a los candidatos en las elecciones locales.

Ha sido un largo y detallado ejercicio, cuyo primer obstáculo fue vencer la apatía de los ciudadanos, acostumbrados a estar marginados de las grandes decisiones que los afectan y demasiado escépticos y desconfiados en políticos y gobernantes.

Para garantizar una participación eficaz se requería la formación integral de líderes cívicos capaces de conocer el funcionamiento y las responsabilidades de quienes hacen parte de las instituciones democráticas, y de controlar que las cumplan, a través de encuentros, análisis y reflexión colectivas.

En una ciudad tradicionalmente apabullada por una corrupción que se volvió sistémica, y que ha contribuido a agudizar la pobreza y detener el progreso equitativo, resulta casi un acto de heroísmo lograr que los ciudadanos se esfuercen en reclamar la adopción de buenas prácticas políticas y la institucionalización y fortalecimiento de la transparencia en los distintos niveles del Estado. En casi dos años, los Vigías del Buen Gobierno han demostrado que ese propósito aparentemente utópico puede volverse realidad poco y a poco con el esfuerzo continuado.

Un ejemplo de ello es el derecho de petición de los Vigías del Buen Gobierno, representantes de la comunidad de los barrios Las Palmeras, Villa Rosita, Nuevo Paraíso, Las Américas, Zarabanda, La Magdalena, San José Obrero y Playa Blanca, exigiéndole al Distrito que se les exonere del impuesto predial de los últimos 10 años, debido a que estos sectores han sufrido cada año, sin descanso, los efectos devastadores de las inundaciones, por el desbordamiento del canal Matute-Chapundún, que han dañado muy seriamente sus viviendas.

Pero la justificación para pedir que se los exonere del predial es que, según ellos, sucesivas administraciones distritales incumplierin con obras de infraestructura para evitar las inundaciones, aunque los ciudadanos pagaron este impuesto sin falta.

El resultado de esta acción colectiva debería ser un examen riguroso de sus argumentos por parte del Concejo Distrital y si comprueban que tienen razón, acoger sus peticiones. Sin embargo, la comunidad se ha puso en acción a través de un programa que no se ha quedado en talleres teóricos ni en catálogos de buenas intenciones, sino que llevó a la práctica los principios de cultura ciudadana.

Sería bueno que otras organizaciones cívicas de la ciudad fortalecieran sus proyectos de impulso al control social a la gestión pública, para lograr en poco tiempo una ciudadanía más activa y vigilante, que elija gobiernos serios, responsables y honestos, y fiscalice sus decisiones.

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